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Oct 15, 2019 / 00:29
Ley de Amnistía tiene un efecto loable, pero su aplicación podría ser revictimizante: Jan Jarab
Ley de Amnistía tiene un efecto loable, pero su aplicación podría ser revictimizante: Jan Jarab
Ciudad de México.- Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo sobre la Ley de Amnistía tiene un efecto loable, pero acotado, y que su aplicación en algunos escenarios podría considerarse revictimizante.



En el foro de parlamento abierto “Ley de Amnistía”, organizado por la Comisión de Gobernación y Población, enfatizó que es una oportunidad valiosa para aliviar el sufrimiento de personas que son víctimas de injusticias, por lo tanto, este organismo apoya la aplicación de amnistía.



Manifestó que es primordial que se reformen y deroguen varios tipos penales sobre los que se aplicará la amnistía, a fin de extinguir la responsabilidad penal y no sólo brindar un mayor sentido de justicia a las personas beneficiadas, sino evitar la criminalización de conductas a futuro.



“Suscribimos lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa, sobre las estadísticas y evidencias para señalar que existe una relación entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas y sobre la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al Sistema de Justicia, como las mujeres, los jóvenes o las personas indígenas”.



Añadió que también coinciden con el documento sobre su preocupación por los efectos de la estancia en prisión de personas privadas de su libertad como consecuencia de su condición de marginación, es decir que la expedición de la Ley de Amnistía es un paso positivo para subsanar las deficiencias en múltiples casos ante el Sistema de Justicia.



Subrayó que más que críticas desean fortalecer la propuesta normativa, por lo que sugirió ampliar los supuestos de aplicación de la ley a otros escenarios relativos a la privación de la libertad basada en las vulneraciones a los derechos humanos y al debido proceso; a las personas procesadas o sentenciadas por aquellos tipos penales que atenten contra la libertad de expresión.



Asimismo, a las personas procesadas por tipos penales que atenten al derecho a la manifestación y aquellos casos que requieran de la decisión de algún organismo internacional de derechos humanos o la recomendación de la CNDH en los que se refiera la violación de algunos de los componentes del debido proceso que hubiera trascendido al fallo internacional, o en los que se haya recomendado o requerido la libertad de una persona.



En el contexto de la interrupción del embarazo, pidió se incluya al personal de salud y a quienes hubieran auxiliado a las mujeres.



Refirió que los limitantes de la aplicación de la amnistía son demasiado restrictivas, ya que en el mismo Derecho Internacional de los Derechos Humanos se establecen supuestos de improcedencia de esta acción.



Subrayó que el delito grave ya es inexistente bajo el Sistema de Justicia Penal vigente, por lo que mantener este término podría dar lugar a una interpretación en la que sería improcedente e inoperante la Ley de Amnistía.



Apuntó que es preciso que se considere el contexto de criminalización de personas en situación de vulnerabilidad, que con frecuencia son procesadas y sentenciadas bajo las figuras previstas en el artículo 19 Constitucional.



Propuso que la creación de la comisión especial para vigilar la aplicación de la ley, no debe ser encabezada por la propia fiscalía encargada de impulsar la acción penal contra las personas potencialmente beneficiadas, ya que habría conflictos de interés al elegir a dicha institución como juez y parte al establecerla como la principal operadora de la ley.



En este sentido, planteó que los elementos básicos de funcionamiento de la comisión especial estén a cargo de una alta instancia del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de Gobernación, o la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República con participación de la sociedad civil a efecto que puedan manifestar sus opiniones. Además, definir el plazo de existencia del organismo que se propone.



Dijo que sería conveniente establecer algunas reglas adicionales sobre la forma en que aplicaría la ley de Amnistía, a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a las y los operadores, así como a las personas potencialmente beneficiadas.



El presidente del Grupo Promotor de Cannabis, Erick Ponce Flores, subrayó que la ley busca atender a la población que se encuentra en centros de reclusión debido al contexto de marginación y pobreza; reconoce el fondo social de los sectores de más alto impacto en temas de delitos.



“Nos pronunciamos en contra de las políticas punitivas de drogas y proponemos frentes para la despenalización de cannabis, ya que en el contexto actual se condena a los sectores más vulnerables de la escala de producción”. Afirmó que es difícil conocer la cifra de personas recluidas por el cultivo, pero las principales víctimas son las mujeres.



Ángela Guerrero Alcántara, Oficial de Proyectos Seniro en Equis Justicia para las Mujeres, resaltó que desde hace meses impulsa que las mujeres que están en conflicto con la ley por delitos contra la salud sean visibilizadas en el Legislativo, a fin de tener un mecanismo legal que les ayude a salir de la cárcel a quienes no debieran estar ahí, pues a la fecha hay tres mil 18 mujeres en todo el país que están siendo procesadas, sentenciadas o investigadas por delitos contra la salud.



Mencionó que este mecanismo es el principio de un largo camino por recorrer, el cual no debería considerar los supuestos de vulnerabilidad, sino ampliarlos, pues hay elementos a contemplar: las mujeres que estaban embarazada al ser detenidas y las que son madres de menores de edad”. Planteó modificar el artículo que se refiere a prisión preventiva, pues muchas mujeres podrían no salir de la cárcel y sugirió contemplar una política de reinserción.



El presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, Jorge Alberto Lara Rivera, resaltó que se debe generar una amplia reflexión, porque se incluyen delitos que tienen un impacto eminente en la justicia del fuero común, como es el caso del aborto y el robo simple sin violencia. “No debe ser indiferente para el Congreso de la Unión, pues se calcula el favorecimiento de la Ley de Amnistía a un universo de tres mil personas en el fuero federal y, a nivel de los estados sería a más de 200 mil causas”.



Indicó que considerando el contexto de impunidad e inseguridad se tendría que reflexionar si es el mejor mensaje y conocer la opinión de los gobernadores. Lo más lamentable de la ley, dijo, es que ignora los mecanismos del Sistema Penal Acusatorio, al no poner en el centro a la víctima. “La ley no puede ser aprobada en un gesto de fomento a la impunidad; las encargadas de la promoción no deben ser ni la Fiscalía General ni las locales, sino las defensorías públicas”.



Jorge Hernández Tinajero, especialista en política de drogas, mencionó que la Ley de Amnistía requiere incluir una buena parte de las infracciones o actos considerados delictivos en términos de droga, muchos no son violentos, como las personas que transportan drogas, “ya sea por necesidad u obligadas”, y en donde las mujeres tienen amplia mayoría. Además, debe contemplar que muchos ilícitos son de mercado y no existen terceras víctimas.



Por el despacho “Heredia Rubio Abogado”, Hugo Serafín Paz García indicó que para la amnistía se necesita una ley como la que se discute. Sin embargo, añadió, este ordenamiento no hace referencia a los casos en los que hay sentencias; no contempla la posibilidad de que los abogados puedan solicitar la aplicación de la ley a favor de sus defendidos, y precisar que procederá cuando por condición de pobreza, costumbres o vulnerabilidad se haya cometido el delito. “Toda ley que propicie la libertad de una sola persona es beneficio para la sociedad”.



El especialista en Derecho, Roberto García Santos, mencionó que esta ley debe analizar algunos errores técnicos, a fin de evitar que por argucias legaloides algunos delincuentes puedan burlar las instituciones y evadir las consecuencias de sus delitos. Afirmó que es un gran acierto que esta legislación incluya a las personas indígenas a quienes se les hayan violentado sus derechos procesales.



David Vargas Araujo, abogado, pidió a los legisladores que en la Ley de Amnistía se incluya a los presos políticos y agregó que de aprobarse se podría revisar los casos de los más de 200 mil presos, de los cuales 95 por ciento son hombres y el cinco por ciento mujeres. De este total, 79 mil están en proceso y 128 mil cumplen sentencia. “La ley prevé restablecer el Estado de Derecho que respete y garanticen los derechos humanos”.



Al dar su testimonio, la expresidiaria y activista del “Colectivo Mujeres por la Libertad”, Beatriz Maldonado mencionó que una de las consecuencias de que las mujeres estén en prisión es por falta de oportunidades en educación y laborales. La Ley de Amnistía, dijo, podría ser importante para transformar el sistema judicial, pero debe tener estrategias integrales de derechos humanos y un programa de reinserción.



También del “Colectivo Mujeres por la Libertad”, la activista y expresidiaria, Guadalupe Jiménez mencionó que esta ley ayudaría a muchas personas a salir de la cárcel, pero lo harían en una situación precaria, pues en muchas ocasiones se les dificulta tener documentos oficiales de manera inmediata, como la credencial del INE, y en consecuencia no pueden acceder a una casa, servicios de salud o apoyos por desempleo.



CD/GL

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