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Los conflictos por la minería en Veracruz
Luis Alberto Romero
Sep 20, 2019 / 01:13
A pesar de la oposición de grupos ambientalistas, en Veracruz operan desde hace al menos siete años empresas canadienses dedicadas a la minería.

Con los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de Felipe Calderón, refrendados por la misma dependencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las transnacionales operan en siete municipios veracruzanos: Actopan, Alto Lucero, Yecuatla, Juchique de Ferrer, Colipa, Huayacocotla y Zacualpan; sin embargo, las más próximas a operar son La Paila, antes Caballo Blanco, en Alto Lucero y Actopan; así como un proyecto que se desarrolla en Yecuatla, mismo que se ha manejado casi en secrecía.

Este miércoles, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Veracruz confirmó las maniobras de exploración que realizan las mineras canadienses en la entidad.

María del Rocío Pérez, titular de la dependencia, subrayó que la Sedema ha solicitado a la Semarnat “que informe a Veracruz qué acciones se realizan en las diferentes regiones, ya que nosotros no tenemos información alguna”.

La funcionaria del gabinete veracruzano apuntó que el Gobierno del Estado no fue tomado en cuenta para dichos megaproyectos; de igual manera, señaló que los ejidatarios han manifestado que los trabajos de exploración han causado daños a las propiedades “están en desacuerdo que se lleven a cabo los trabajos”.

Dijo que a los lugareños les han invadido terrenos, lo que ha provocado inconformidad.

Y si la instancia estatal no cuenta con información respecto a la operación de las mineras, los Ayuntamientos están igual o peor.

Mientras eso ocurre, los movimientos de resistencia de la población de las comunidades que registrarán el impacto de las minas comienzan a crecer.

Los grupos ambientalistas como La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LaVida, fortalecen su presencia, al igual que otras organizaciones de ese tipo.

En mayo de 2018, Julio Portales, consultor de la mina Candelaria Mining Corp (que opera en Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz), declaró que el proyecto de Caballo Blanco sería retomado con un nombre diferente; que la empresa planeaba la extracción de 20 mil toneladas de piedra en el cerro La Paila, para la extracción de 20 toneladas de oro.

Sostuvo que la inversión sería de 115 millones de dólares y que de esa cifra, 20 millones de pesos serían canalizados al Ayuntamiento de Actopan.

Al enterarse de dicha declaración, la población de Actopan que se opone a la mina encaró al alcalde Paulino Domínguez, quien en respuesta, casi golpea a un manifestante.

Sin embargo, a pesar del insistente desmentido de la autoridad municipal, entre la gente de ese municipio quedó la sospecha de que la empresa canadiense habría pagado por el silencio del alcalde.

En total, 28 comunidades de la zona serían afectadas por el proyecto minero.

El proyecto de minería en Actopan y Alto Lucero no es nuevo; de hecho, en 1994 se descubrió que el cerro de La Paila era rico en oro y a partir de ahí comenzó a desarrollarse el proyecto; sin embargo, fue hasta 2004 cuando iniciaron los trabajos de excavación.

En 2012, el proyecto fue detenido debido a las constantes movilizaciones de sus opositores, pero cuatro años después, en 2016, se reiniciaron los trabajos.

Emilio Rodríguez, integrante de LaVida, ha declarado que el 13 por ciento de la superficie nacional ha sido otorgado a empresas mineras; en tanto que los representantes de Candelaria Mining Corp argumentan que 28 estados del país tienen minería y que ésta es la cuarta actividad económica que más divisas genera para el país.

Lo interesante será ver si los intereses de las empresas que se dedican a la minería se ponen por encima de las comunidades afectadas; y en ese contexto, qué posición asumirá el gobierno veracruzano. @luisromero85


CD/GL

* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.
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