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Desde la Veritas Cruz
Expropiar a los bandidos
Adolfo Roberto Pérez Valdés
Ene 11, 2019 / 23:01

Se recupera Pemex
El sindicato respalda
La fuerza del patrón
Victorias pírricas


Desde una retrospectiva histórica, las legítimas acciones que desarrolla el Gobierno Federal para desmantelar y abatir el robo de combustibles en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, pueden considerarse como una “nueva expropiación”.

Por supuesto proporciones guardadas.

Pero esta “nueva expropiación” tiene antecedentes en el pasado y es parte de una lucha constante del Poder Ejecutivo contra grupos criminales internos y externos, los cuales han operado de manera persistente en la industria energética procesadora de hidrocarburos.

A veces en ese persistente batallar contra dicha criminalidad organizada, el Gobierno Federal obtiene éxitos y cercena diversas ramificaciones del extendido bandolerismo contra los bienes y riquezas nacionales.

Esos éxitos, desafortunadamente, son pocos y significativamente pírricos.

En estos días las batallas están en el ramo de los hidrocarburos, pero el crimen también tiene ramificaciones en el fluido eléctrico, y golpea financieramente a la otra empresa federal llamada Comisión Federal de Electricidad.

Una extensa organización criminal incrustada en Petróleos Mexicanos, construyó un emporio económico con el robo de combustibles y dicho consorcio criminal denominado Huachicol se posesionó de la infraestructura industrial.

Operaban (y quizás lo siguen haciendo) tanto instalaciones de refinación como los ductos que distribuyen los combustibles, según las versiones oficiales ampliamente divulgadas.

El bandidaje contra los bienes propiedad de la nación tiene orígenes que se remontan al comportamiento de las empresas petroleras extranjeras. Fundamentalmente, su motivación era la evasión impositiva o fiscal.

Los actuales bandoleros u organización criminal también dañan los ingresos financieros del Gobierno Federal. Los inmensos volúmenes de combustibles robados dejaban de ser facturados como venta lícita por Petróleos Mexicanos.

Esa lógica criminal empata y es similar a la observada por los empresarios extranjeros que manejaban la industria energética antes del 18 de marzo de 1938.

El emporio del mercado ilícito de combustibles, usurpados mediante la posesión criminalmente organizada de las instalaciones industriales de Pemex se debe al encarecimiento sostenido de las gasolinas y diésel.

Conocemos ampliamente de las diferencias de precios que existen entre el mercado de México y el de Estados Unidos. Los combustibles son más baratos en aquel país.

Y es que el Gobierno Federal fija los precios finales con diversos impuestos. Petróleos Mexicanos como empresa no tiene decisión sobre los precios de gasolina y diésel.

El gobierno federal es el propietario exclusivo de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con el artículo 2 del capítulo primero de la Ley de Pemex publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de 2014.

Pemex no es de todos los mexicanos como usualmente el vulgo dice. Sino que es una empresa cuya propiedad corresponde a un sector del gabinete presidencial.

Como propiedad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal o del Gobierno de la República, el presidente está legalmente facultado para designar a los administradores de Pemex. Y aparte tiene presencia o representación múltiple en su Consejo de Administración, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y del Banco de México tienen asientos permanentes en el manejo financiero de la empresa.

Las reformas a la Constitución y legislaciones secundarias conocidas como Reforma Energética, desplazaron del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a los representantes del Sindicato Petrolero.

La voz y voto sindicalistas quedaron fuera de ese órgano decisorio, es preciso decir que siempre fue una representación simbólica por ser minoritaria. Pero de todas maneras era una presencia regularmente disonante. Oficialmente, el sindicato con la representación de sus consejeros tenía pronunciamientos, opiniones y votos distintos a la representación empresarial.

Ha quedado en el olvido colectivo, que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana/STPRM se opuso abierta y públicamente en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León a la desincorporación de diversas cadenas productivas de los complejos petroquímicos.

En la conciencia del sindicato y en su actuar prevalece y domina aún la lealtad hacia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es el único patrón que el gremio petrolero reconoce. El sindicato como institución y factor de la producción conoce históricamente la fuerza de su patrón.

Esa fuerza ha golpeado cíclicamente a diversas directivas sindicales en distintas épocas. Directivas que actuaron al margen de los cauces o rutas trazadas por los acuerdos contractuales. Así cayeron los directivos sindicales que amagaron a Miguel Alemán Valdés con un paro extraordinario, también cayó el cacicazgo de Pedro Vivanco García coludido con el todo poderoso superintendente del campo petrolero de Poza Rica, Jaime J. Merino.

Vivanco y Merino cayeron del poder extralegal en Pemex durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Y el más reciente fue la caída de Joaquín Hernández Galicia, José Sosa y Salvador Barragán Camacho entre otros durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Hay infinidad de rumores que ya ubican a Carlos Romero Deschamps en el exilio, en la prisión preventiva o despojado de su fortuna personal.

Todo este panorama de clamor patibulario hacia los representantes del sindicato petrolero, no propician la hoy necesaria armonía en una empresa e industria socavada financieramente. El sindicato respalda abiertamente las acciones del Presidente, ya lo ha hecho en el pasado. Aunque su posición sea desestimada o desvalorizada.



* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.




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