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Leyes secundarias para evaluación justa en el magisterio


Fecha: 16/08/2013
Hora: 03:12 hrs.

Ciudad de México.- Las Comisiones de Educción en el Senado y Cámara de Diputados se comprometieron a que las leyes secundarias de la Reforma Educativa establecerán una justa evaluación de los docentes, respetando sus derechos laborales, pero sin que eso menoscabe la calidad educativa comprometida con los mexicanos.

Al presentar el libro Reforma Constitucional en Materia Educativa: Alcances y desafíos, los presidentes del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y de las comisiones de Educación en el Senado y Cámara de Diputados, Carlos Romero Hicks y Jorge de la Vega Membrillo, respectivamente, sostuvieron que el reto del constituyente es privilegiar los acuerdos y elaborar las leyes que permitan un equilibrio entre los compromisos con el magisterio y los educandos.

Barbosa Huerta explicó que en dicho libro los académicos ofrecen un análisis de la evolución teórica de la educación desde la década de los 80´s, lo cual servirá a los legisladores para establecer un programa de acción.

“Vamos a desahogar a partir de hoy dentro de las cámaras trabajos que tienen como propósito conseguir productos legislativos, somos convencidos del acuerdo parlamentario, de la responsabilidad con la que los integrantes de las cámaras debemos comportarnos”.

Reconoció la falta consensos en cuanto al proceso de evaluación y la profesionalización docente pero, sostuvo, “tenemos que resolverlos en un breve espacio de tiempo, pero el tiempo tampoco nos debe limitar para construir acuerdos, hay que actuar con responsabilidad frente a la educación del país”.

El también coordinador parlamentario del PRD anunció que su partido presentará sus propuestas sobre leyes secundarias, con el objetivo de coadyuvar a resolver la “crisis social que se refleja ante la falta de oportunidades, principalmente para los jóvenes, la mala calidad del sistema educativo, así como su inequidad, que ha resultado en la gran tragedia nacional de siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan por lo que quedarán en estado de vulnerabilidad”.
En su intervención, el senador Romero Hicks apuntó que en el Congreso se han recibido tres iniciativas, con amplio consenso en la relativa al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), construida por ambas cámaras con base en opiniones de especialistas y experiencias internacionales.

La segunda iniciativa sobre el ensamble en la Ley General de Educación que debe coordinar “dos grandes brazos”: la parte de evaluación y la del servicio profesional docente, manifestando reservas al considerarse que se pretende privatizar la educación.

Romero Hicks sostuvo: “No hay absolutamente ninguna agenda para privatizar la educación, ni se pretende atacar los derechos laborales. El reto es el derecho superior de educación de calidad de la niñez y el respeto a los derechos laborales, hacerlos compatibles, por eso el reto será armonizarlos”.

En cuanto a la iniciativa para normar la evaluación, apuntó que especialistas analizan ya las preocupaciones respecto a que se pretendan aplicar lineamientos estandarizados, lo cual – reconoció -- no es posible por la compleja diversidad de desarrollo social y económico en que se desempeñan los maestros en las diversas regiones del país.

“Se va a requerir mucha sensibilidad, capacidad de organización y el respeto irrestricto a los derechos laborales de los propios trabajadores”, destacó al considerar que es necesario revisar los modelos de educación, del sistema normalista y de financiamiento, con miras a “lograr un círculo virtuoso con una legislación a favor del educando y a favor del profesor”.

En lo anterior coincidió el diputado De la Vega Membrillo, quien consideró que el trabajo de los legisladores en la elaboración de las leyes secundarias debe superar la visión simplista del trabajo del docente, en la que sólo se plantea que la evaluación del maestro tiene que fincarse en su capacidad y en su conocimiento.

Subrayó que la legislación debe contemplar el entorno inmediato de trabajo del profesor, las condiciones propias del alumno, como alimentación, salud y, esencialmente, las de carácter cultural, que empiezan y se inscriben desde el seno familiar.

Enfatizó que el respeto a los derechos laborales, como lo indica la propia reforma constitucional, debe ser pleno a los trabajadores de la educación, es decir, se debe aplicar desde el ingreso, considerándolo en las promociones hasta la permanencia.

En su turno, la presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes expuso las cuatro premisas sobre evaluación docente: Primera, el “propósito de toda evaluación es mejorar y que la evaluación por sí sola no tiene la capacidad de causar la calidad educativa, para ello necesita mediaciones que atiendan al proceso educativo mismo y se destinen fundamentalmente a la formación de los docentes”.

Segunda, “la evaluación del desempeño docente es un elemento coadyuvante de un proceso de mayor plazo de profesionalización docente, en el mediano y largo plazo, en tanto profesionales y asociados como tales, son los docentes quienes tienen qué definir qué se entiende por ser un profesional de la docencia”.

Tercera, al existir una carrera que pasa desde el noviciado hasta el conocimiento pleno del profesor de su labor, una evaluación debe “distinguir a los maestros y el tránsito entre niveles debe ser reconocido”.

Cuarta, “la evaluación docente debe ser justa, no utilizar para juzgarlos instrumentos que miden factores que no dependen sólo de ellos, como una prueba de rendimiento de alumnos; también significa que debe de correr en paralelo de sus condiciones de trabajo”, por lo que el sistema educativo es responsable de mejorar la situación del profesorado y tomar en cuenta el contexto en que trabaja.

En su oportunidad, Ciro Murayama Rendón, coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado, destacó que el sistema educativo, más que volverse un momento en la vida de los educandos que transformen su existencia a partir de experiencias escolares productivas, se ha vuelto también un reproductor de la desigualdad que lesiona el tejido social mexicano.

Reconoció que además de la mala calidad de la educación, también existe un mal debate sobre esta materia, toda vez que se discute con perjuicios, generalizaciones, haciendo tabla rasa, colocando culpables y víctimas, por lo que resaltó el contenido del libro, señalando que se trata de una gran herramienta fundamental para la mejora educativa del país.

CD/YC





 


 

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